Encuadrado en el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP) –desde donde saltó a la fama con el secuestro de los ministros de la OPEP en Viena en diciembre de 1975–, Carlos pasó después a actuar por libre, amparado por algunos regímenes comunistas del Este y algunas capitales árabes. La caída del telón de acero precipitó su final, consumado en 1994 con su secuestro por agentes secretos franceses en Sudán y su conducción a Francia.
En absoluto arrepentido de su pasado de violencia, Carlos se jactaba todavía el domingo pasado, en una entrevista publicada por el diario venezolano El Nacional, de haber dirigido o llevado a cabo más de un centenar de ataques y atentados con un balance de 1.500 a 2.000 muertos, entre los cuales –precisaba con despampanante autoindulgencia– “sólo” había 200 víctimas civiles. “Menos del 10% de inocentes sufrieron por eso”, argumentaba.
Curiosamente, el venezolano niega hoy toda implicación en los cuatro atentados cometidos en Francia por los que está siendo juzgado, y en los que murieron 11 personas y otras 150 resultaron heridas. Los cuatro atentados, que en la época no tuvo reparos en reivindicar a través de comunicados, perseguían forzar al Gobierno francés a liberar a dos de sus camaradas, Magdalena Kopp –con la que acabaría casándose y teniendo una hija– y Bruno Bréguet, dos antiguos militantes de la banda alemana Baader-Meinhof detenidos por la policía francesa el 16 de febrero de 1982.
El primer ataque se produjo el 29 de marzo, cuando una bomba explotó en un tren –el Capitole– cerca de Limoges, causando cinco muertos. El 22 de abril, coincidiendo con el inicio de la vista contra los dos activistas, un coche bomba explotó en la calle Marboeuf de París, provocando la muerte de una mujer. Los otros dos atentados se produjeron el 31 de diciembre de 1983: sendos artefactos fueron explosionados en el TGV Marsella-París y en la estación marsellesa de Saint-Charles, causando respectivamente tres y dos muertos.
Los abogados de Carlos, Isabelle Coutant-Peyre –su actual esposa– y Francis Vuillemin, intentaron retrasar ayer el proceso renunciando a la defensa. Alegaron para ello que puesto que Ramírez había perdido la ayuda económica que recibía de Venezuela no podía pagarles. El presidente del tribunal, Olivier Leurent, decidido a llevar el juicio hasta el final los nombró de oficio en el acto y los obligó a seguir en la sala. El juicio quedará visto para sentencia el 16 de diciembre.
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