Los ultras se
han llevado el gato al agua. Acosado en la calle y en las escuelas por los
grupos católicos radicales y de extrema derecha, François Hollande ha cedido
finalmente a la presión y ha decidido aplazar la aprobación de la nueva Ley de
la Familia, rechazada de plano –a causa de lo que contiene o puede contener–
por los ultraconservadores. Con su gesto, el presidente francés buscaba
apaciguar los ánimos a mes y medio de las elecciones
municipales. Pero lo único que ha logrado ha sido envalentonar a los radicales,
que ayer celebraban su “primera gran victoria” –nótese el adjetivo ordinal–
sobre el Gobierno, y desconcertar a los socialistas, además de irritar a sus
aliados ecologistas y de izquierdas.
Los grupos que se movilizaron masivamente el año pasado
contra la aprobación del matrimonio homosexual –una especie de Tea Party a la
francesa, del que está ausente el principal partido de la derecha, la UMP, e
incluso el Frente Nacional–, han vuelto a la carga en las últimas semanas en
diversos frentes: convocando jornadas de boicot en las escuelas contra las
enseñanzas sobre la igualdad entre hombres y mujeres –con el pretexto de que el
Gobierno pretendía introducir una supuesta teoría del
género, a través de la cual se incitaría a los niños a negar las
diferencias entre sexos y se promovería la homosexualidad, cuando no la
masturbación–, y organizando paralelamente una oleada de manifestaciones, así
para reclamar la dimisión de François Hollande –el llamado “Día de la cólera”–,
rechazar la liberalización del aborto y apoyar la reforma del PP en España, o
denunciar el proyecto de ley de la Familia, sospechoso de querer autorizar la
procreación médicamente asistida (PMA) a las mujeres solas y a las parejas de
lesbianas –hoy está reservada a las parejas heterosexuales y casadas que tengan
una imposibilidad física para procrear–, y la gestación por otro (GPA), esto
es, los vientres de alquiler, para todo el mundo, homosexuales incluidos.
Poco importa que el Gobierno haya explicado hasta la
saciedad que lo de la teoría del género es un bulo, y
que el proyecto de ley de la Familia no incluirá la mayor parte de las medidas
que se la atribuyen. En los sectores católicos fundamentalistas –a los que se
han unido en esta ocasión de nuevo los musulmanes
integristas, como contra las bodas gais en el 2013– se ha declarado la guerra contra
el poder socialista.
El último episodio de esta lucha se libró el domingo.
Decenas de miles de personas se manifestaron hace dos días en París y Lyon
contra el proyecto de ley de la Familia –y contra todo lo demás, de la teoría del género al matrimonio homosexual y
la liberalización del aborto– demostrando una vez más que su movimiento no es
testimonial y que su capacidad de convocatoria es elevada. Donde la policía
contó 80.000, los organizadores reivindicaron 500.000. Muchos en todo caso.
Superada por el movimiento, en el que no participa, la derecha parlamentaria se
hace no obstante eco de sus posiciones.
Para intentar frenar esta dinámica, el ministro del
Interior, Manuel Valls, salió a primera hora de la mañana del lunes a
tranquilizar los ánimos asegurando que ni la PMA ni la GPA –las dos medidas más
polémicas– estarían en el proyecto de ley, a pesar de que lo primero constituía
una promesa electoral de Hollande. Como pareció no ser suficiente, a ultima
hora del día, el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, anunció que la ley no se
tramitaría en 2014, sin dar por ello un calendario alternativo. En principio,
los planes del Gobierno eran aprobar el proyecto de ley –aún en elaboración– en
el Consejo de Ministros en abril y enviarlo al Parlamento en el segundo
semestre.
La marcha atrás ordenada por el presidente francés causó un
hondo desconcierto en la mayoría socialista, además de un mal disimulado
descontento. La irritación era más visible entre Los Verdes –que denunciaron
una “renuncia consternante”– y el Frente de Izquierda, que se consideró
“engañado”. Algunos socialistas y ecologistas avanzaron que el propio grupo del
PS en la Asamblea Nacional podría presentar por su cuenta una o varias
proposiciones de ley para recuperar algunas de las medidas previstas en el
proyecto de ley de la ministra de la Familia, Dominique Bertinotti, la
principal damnificada política de esta marcha atrás.
Bertinotti defendió ayer tarde en el Parlamento la decisión
del Gobierno con unos argumentos que en realidad justificaban la necesidad
perentoria de la ley. Porque el proyecto, más allá de las dos medidas más
controvertidas, –la extensión de la procreación asistida, que divide a los
propios socialistas, y los vientres de alquiler, que Hollande nunca ha aceptado
y por tanto nunca se han incluido en el texto–, lo que busca es dar respuesta a
los cambios que ha experimentado la familia.
Entre otras cosas, el proyecto proponía medidas para
“pacificar” los procedimientos de divorcio, reconocer legalmente el papel de
“terceras personas” –padrastros o madrastras– en el caso de familias
recompuestas o facilitar a los niños adoptados o engendrados por donación de
esperma poder acceder a la identidad del progenitor al alcanzar su mayoría de
edad.
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