Principios de
los años sesenta. De un lado, la isla de La Reunión, en pleno océano Índico
–700 kilómetros al este de Madagascar–, un territorio sumido en la pobreza, con
un paro exorbitado y un crecimiento demográfico galopante. Del otro, el corazón
de la metrópoli, las regiones rurales del centro de Francia, en proceso de
desertificación. No hacían falta más datos para que los burócratas de la
República, alentados por el ministro del Interior de la época, Michel Debré
–patriarca de una conocida familia de políticos franceses–, decidieran un
masivo trasvase de población.
Con la frialdad de quien maneja números y estadísticas, el
Estado francés forzó entre los años 1963 y 1982, con engaños y falsas promesas,
el traslado de más de 1.600 niños de La Reunión a varias decenas de
departamentos metropolitanos. Algunos eran huérfanos o abandonados, pero no
todos. Arrancados a sus familias, la inmensa mayoría nunca más pudo regresar a
su isla.
La Asamblea Nacional francesa decidió ayer reparar simbólicamente
–que no económicamente– esta etapa sombría de la historia de Francia aprobando
una declaración en la que admite que el Estado “faltó a su responsabilidad
moral”, pide que se profundice en el conocimiento y la difusión de estos
hechos, y demanda que los afectados sean ayudados para poder reconstruir su
historia personal. Ardua tarea esta última, puesto que los archivos fueron
casualmente destruidos por orden de la autoridad. “Si el perjuicio es
inestimable e irreparable, la República debe tratar de reconciliar a sus
pupilos, esos reunioneses desplazados, con su historia”, reza la resolución,
impulsada por la diputada de La Reunión Erika Bareigts y el grupo parlamentario
socialista, y apoyada por el conjunto de la izquierda. La derecha, en cambio, se
desmarcó de la iniciativa. El presidente del grupo de la UMP, Christian Jacob,
justificó la postura de su grupo alegando su oposición a las “leyes
memorialistas” y destacando que no todo fueron perjuicios, y que algunos de
aquellos niños encontraron en Francia un futuro mejor. Los centristas, por su
parte, criticaron el momento elegido para aprobar tal iniciativa, a sólo cinco
semanas de las elecciones municipales.
La tragedia de los niños de La Reunión empezó en 1963, con
la creación de la Oficina para el desarrollo de las migraciones en los
departamentos de Ultramar (Bumidom, en sus siglas francesas), cuyo cometido era
precisamente organizar una emigración masiva hacia la metrópoli. De adultos,
pero también de menores. “El objetivo de Michel Debré, que tenía una visión muy
jacobino-nacionalista, era desplazar lo que estaba demasiado lleno a lo que
estaba demasiado vacío”, explicaba ayer en el canal LCI el investigador del
CNRS Philippe Vitale.
Pero eso, el Estado presuntamente protector –obligado a
serlo especialmente en el caso de los niños–, lo hizo con mentiras y artimañas,
prometiendo grandes escuelas y el regreso a La Reunión por vacaciones... Lo que
nunca cumplió. Las autoridades consideraban en la época que, para mejor
integrar a los niños en su nueva vida, era necesario cortar de cuajo todos los
vínculos con la familia de origen. “El Estado falló, el Estado mintió por un
proyecto político”, se queja Erika Bareigts, para quien una reparación era
necesaria y moralmente exigible.
Algunos de aquellos niños, alojados en familias de acogida,
tuvieron en efecto la fortuna de encontrar una vida mejor, de obtener una
formación técnica, hallar un trabajo con el que ganarse la vida –mientras en La
Reunión, en la época el paro alcanzaba la friolera del 60%– y fundar una
familia. Muchos otros, sin embargo, fueron maltratados y explotados, y nunca
superaron su desarraigo. Algunos se suicidaron, otros acabaron internados en
hospitales psiquiátricos...
Los problemas fueron detectados muy pronto sobre el terreno.
Ya en 1968, cinco años después de iniciado el programa, los responsables de
asuntos sociales del departamento de la Creuse (Limusín) –donde fueron a parar
no pocos de estos niños, de ahí que sean conocidos también como los
“reunioneses de la Creuse”– pidieron pararlo alegando “problemas de adaptación”
de los menores. Nadie les hizo caso.
“¿Cuánto vale la infancia de un niño?”
Casi nadie había oído hablar del exilio forzado de los niños
de La Reunión hasta que uno de ellos, ya adulto, Jean-Jacques Martial, decidió
en el año 2001 presentar una demanda contra el Estado francés por deportación
en la que reclamaba una indemnización de 1.000 millones de euros... “Mil
millones es como un euro, era simbólico. ¿Cuánto vale la infancia de un niño,
la traición de los adultos, la sinrazón de Estado, las lágrimas de los
padres?”, ha explicado. Su demanda, y otras similares que siguieron, fueron
rechazadas por la justicia, por el mero hecho de que el presunto delito había
ya prescrito. Pero su iniciativa permitió sacar a la luz una de las vergüenzas
–una más– de la pretendida patria de los Derechos del Hombre. Jean-Jacques
Martial, que ha explicado su historia personal en el libro Une
enfance volée (Una infancia robada), tenía seis años cuando llegó al
aeropuerto de Orly, en 1966. En La Reunión, vivía con su abuela. Una vez en
Francia, estuvo inicialmente con una familia da campesinos de avanzada edad en
Guéret y luego con una pareja más joven con niños en Saint-Vaast-la-Hougue. El
padre, que asumió su tutela tras el divorcio, abusó de él. Hoy, Martial tiene
una familia y vive cerca de Narbona.
No hay comentarios:
Publicar un comentario