Un grupo de diputados franceses, tanto de derecha como de izquierda, ha presentado una proposición de ley en la que se propone perseguir penalmente a los clientes de la prostitución, siguiendo el modelo aplicado en Suecia desde 1999. La propuesta prevé penas de hasta seis meses de prisión y 3.000 euros de multa, además de la obligación de pasar un cursillo de reeducación.
La iniciativa no concita la unanimidad ni en el Parlamento ni en el Gobierno, pero sus promotores, los diputados Guy Geoffroy, de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), y Danielle Bousquet, del Partido Socialista (PS), consiguieron ayer tarde un primer triunfo con la aprobación, a mano alzada, por la Asamblea Nacional de una resolución en la que se propugna la abolición de la prostitución –hasta ahora tolerada– y se apunta la necesidad de “responsabilizar a los clientes”. La resolución, firmada también por los jefes de todos los grupos parlamentarios, niega a la prostitución la categoría de actividad profesional y presenta a las prostitutas –unas 20.000 en el conjunto de Francia– como víctimas de un sistema de explotación.
No todo el mundo está de acuerdo con la iniciativa de perseguir a los clientes. De entrada, una parte de las propias profesionales, que consideran que semejante medida no logrará acabar con la prostitución y, en cambio, perjudicará directamente al colectivo. “Esta criminalización empujará a las prostitutas a ejercer en la clandestinidad y, debido a la disminución de clientes, a aceptar relaciones no protegidas”, alertó la presidenta del Sindicato del Trabajo Sexual (Strass), Morgane Merteuil, que subrayó las consecuencias sanitarias que tal medida puede tener. Las profesionales independientes, que ayer se manifestaron frente a la Asamblea Nacional , reivindican su libertad para ejercer la prostitución y decalifican la iniciativa parlamentaria por puritana.
En su lucha, las prostitutas han encontrado el apoyo de las asociaciones de lucha contra el sida –que temen el alejamiento de las profesionales del sexo de las estructuras de apoyo sanitario– e incluso de feministas de larga trayectoria como Elisabeth Badinter: “Si una mujer desea ganar en tres días, por la prostitución, lo que otras ganarían en un mes como cajeras de supermercado, es su derecho, siempre que no sea de manera forzada”, ha dicho
La ley Sarkozy de 2003
En Francia, hasta el momento, ejercer la prostitución no está penado. Como tampoco lo está pagar a cambio de una relación sexual, a no ser que sea con una persona menor de edad. La ley persigue la prostitucion de menores y el proxenetismo. Y desde 2003, merced a la Ley de Seguridad Interior –conocida también por el nombre del ministro del Interior de la época, Nicolas Sarkozy–, se sanciona también la incitación, ya sea activa o pasiva. Las prostitutas que intenten captar a un cliente pueden ser castigadas con dos meses de cárcel y 3.750 euros de multa. La ley Sarkozy tuvo como efecto inmediato el alejamiento de las prostitutas fuera de los centros urbanos, hacia las zonas boscosas de la periferia de las ciudades. Pero fue sólo un espejismo. Hoy, en París, las prostitutas han vuelto al Bois de Boulogne y a algunos bulevares.
Pues tienen razón... las profesionales del ramo. Penalizar al cliente va a tener consecuencias directas sobre ellas, en vez de ayudarlas o protegerlas esta decisión política lo que conseguirá es precarizar sus condiciones. Es una manera indirecta, y políticamente correcta, de atacarlas. En vez de arremeter directamente contra las prostitutas lo hacen contra su fuente de ingresos, buscando una especie de "rendición por hambre" como los sitios medievales.
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