El tratado exprés de Merkel y Sarkozy

La Unión Europea tendrá un nuevo tratado para imponer la disciplina presupuestaria en Europa. Y lo tendrá pronto, a más tardar el próximo mes de marzo, con el fin de responder lo más rápidamente a la crisis de la deuda soberana en la zona euro y restablecer la confianza. Así lo acordaron ayer en París el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, que se pusieron asimismo de acuerdo en el contenido y el alcance de la reforma que someterán al resto de miembros de la UE en la cumbre que se abre el jueves en Bruselas. El recurso a la mutualización de la deuda a través de euro-obligaciones o a la intervención masiva del Banco Central Europeo (BCE) en el mercado de la deuda en ayuda de los países en dificultades ha sido formal y definitivamente descartado a causa de la oposición de Berlín, que se ha mantenido absolutamente intransigente en esta materia.

Merkel y Sarkozy, que se dijeron abiertos a la discusión con el resto de sus socios comunitarios –ni que sea para guardar las formas–, llevarán en realidad al Consejo Europeo un menú y un calendario prácticamente cerrados. La víspera enviarán por carta el detalle de sus propuestas –que ayer únicamente perfilaron en sus grandes líneas– al presidente del Consejo, Herman van Rompuy. Algo parecido a un trágala.

La adhesión al nuevo tratado será ofrecida en principio a los 27, pero tanto Merkel como Sarkozy –perfectamente conscientes del rechazo que suscita en el Reino Unido y otros países– se mostraron dispuestos a firmar un tratado reducido a los 17 miembros de la zona euro y aquellos que voluntariamente se quieran añadir. Tampoco menos. La posibilidad de introducir una doble velocidad en el interior de la zona, entre países de primera y de segunda, parece descartada.

El nuevo tratado, según el acuerdo franco-alemán, deberá incluir el establecimiento de “sanciones automáticas” a aquellos países que incumplan el límite de déficit, fijado en el 3% del PIB en el último tratado de Lisboa. Ni Merkel ni Sarkozy especificaron ni el tipo de sanciones ni el mecanismo para imponerlas. En opinión de Berlín, tal tarea debería recaer en la Comisión Europea, algo que París veía más bien con reticencia. En todo caso, para bloquear la imposición de una sanción será necesario reunir una mayoría cualificada.

El tratado sancionará asimismo la adopción de una “regla de oro” –como las ya aprobadas por España y Alemania– que introduzca en la Constitución de cada país la obligación de regresar al equilibrio presupuestario. El Tribunal Europeo de Justicia velará por la adecuación de cada norma constitucional a la letra y el espíritu del tratado, pero no irá más allá. A cambio de renunciar a los eurobonos y a la intervención activa del BCE, Sarkozy ha conseguido que el tribunal no pueda controlar ni anular los presupuestos de un Estado miembro, algo que a juicio de París representaba un atentado a su soberanía.

El acuerdo franco-alemán prevé también adelantar a 2012 la consolidación y perennización del futuro Mecanismo Europeo de Estabilidad, que en 2013 debía sustituir al actual Fondo y cuyo gobierno estará sometido asimismo a la regla de la mayoría cualificada (la propuesta es que represente al 85% de los recursos aportados al fondo). “No queremos que unos pocos puedan bloquear el avance del tren”, dijo Merkel.

Berlín y París lanzaron aquí un guiño definitivo a los mercados al asegurar que la participación del sector privado en la resolución de la crisis se limitará al caso griego. “Grecia será la excepción. Aquí ha habido un malentendido, siempre dijimos que Grecia era un caso particular”, aseguró Merkel, quien hasta ahora había militado por que la banca privada asumiera una parte de responsabilidades en los casos de reestructuración de la deuda de un país. No será ya el caso. El futuro MEE aplicará al respecto la jurisprudencia del Fondo Monetario Internacional. “Lo que ha pasado en Grecia no se reproducirá”, remachó Sarkozy, quien subrayó que “no se puede comparar una economía como la de Italia, o la de España, con Grecia”.

Finalmente, el acuerdo incluye la constitución, de facto, de una suerte de gobierno económico de la zona euro a nivel intergubernamental. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 17 se reunirán a partir de ahora y mientras dure la crisis con regularidad mensual, para abordar posibles medidas comunes –en materia de competitividad, mercado laboral, fomento de la innovación...– de relanzamiento del crecimiento.

Ambos mandatarios se expresaron contrarios a las euro-obligaciones –Sarkozy, con la fe del converso– y garantizaron su determinación de respetar la independencia del BCE, que queda al margen de la reforma. Ello no implica, sin embargo, que el BCE no vaya a actuar de forma más decidida en la crisis, pero en todo caso se hará sin que aparezca como el resultado una injerencia política. Y sin que en ningún caso pueda parecer que se erige en el último recurso. Sarkozy ha asumido a rajatabla el compromiso de “no hacer ningún comentario, ni positivo ni negativo”, de su acción.