Los hechos se remontan a la primera mitad de los años noventa, cuando Jacques Chirac era alcalde de París y presidente del Reagrupamiento por la República (RPR), antecesor de la actual Unión por un Movimiento Popular (UMP). El caso de los empleos ficticios alude a un sistema organizado de financiación ilegal de la formación de Chirac por el cual la alcaldía de la capital francesa empleaba y pagaba a miembros del RPR que en realidad trabajaban para el partido. La sentencia da por probada la existencia, en este sentido, de “prácticas perennes y reiteradas que le son personalmente imputables”.
Por este caso, dividido en dos sumarios –uno tramitado en París y otro en Nanterre– ya fue condenado en 2004 el actual ministro de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, quien en aquel entonces era teniente de alcalde de finanzas y secretario general del RPR. Delfín de Chirac, Juppé recibió una pena de 14 meses de prisión –con suspensión condicional– y un año de inelegibilidad. La sentencia forzó la dimisión de Juppé al frente de la recién nacida UMP, lo que abrió el camino a la toma del poder por Sarkozy...
Si Chirac no pudo ser juzgado en su momento es porque cuando la investigación judicial arrancó, en 1999, Chirac ya era presidente de la República y estaba en consecuencia protegido por la inmunidad penal reconocida al jefe del Estado. Hizo falta que Chirac abandonara el Elíseo, en el 2007, y deviniera un ciudadano corriente para que la justicia pudiera retomar el hilo donde lo había dejado. Junto a Chirac fueron condenadas otros siete encausados, y dos más resultaron absueltos.
A través de uno de sus abogados, Jean Veil –hijo de Simone Veil–, Jacques Chirac se manifestó anoche “profundamente herido” por el fallo, que contestó “totalmente” en sus fundamentos, aunque subrayó que la sentencia confirma que “no hubo enriquecimiento personal”. El ex presidente anunció, pese a su desacuerdo, que no apelará, alegando carecer de fuerzas suficientes para abordar un nuevo proceso judicial. Aquejado de demencia senil, Chirac no ha asistido al juicio y no estaba presente ayer tampoco en el palacio de justicia para escuchar la sentencia.
La decisión del tribunal presidido por el magistrado Dominique Pauthe, considerada severa por no pocos observadores, refuerza la imagen de independencia de la justicia francesa. Todo invitaba a tomar el camino fácil –y compasivo– de la absolución o de la dispensa de pena, figura legal que puede aplicarse cuando el culpable se considera rehabilitado y el daño ha sido reparado. En este caso, la fiscalía había pedido primero el archivo de la causa y después la absolución. Y el principal perjudicado, el Ayuntamiento de París, se retiró al final como parte civil después de llegar a un acuerdo por el cual la UMP y Chirac restituirían 2,2 millones de euros al municipio.
La única parte civil presente en el proceso, la asociación anticorrupción Acor, celebró el fallo como “una decisión histórica y extremadamente importante para la democracia”. No hay muchos precedentes de un antiguo jefe del Estado sentado en el banquillo. El más reciente –aunque muy diferente– es el del mariscal Petain, condenado en 1945 por alta traición a la pena de muerte, luego conmutada por la cadena perpetua, por haber colaborado con el ocupante nazi.
Salvo el fundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen –que aprovechó la circunstancia para comparar a los políticos del establishment con delincuentes–, y la candidata al Elíseo de Los Verdes, la ex juez anticorrupción Eva Joly –que instó a Chirac a dimitir como miembro del Consejo Constitucional–, la reacción de la clase política fue en general moderada y cauta. Incluida la de la izquierda, que subrayó la importancia del pronunciamiento de la justicia pero mostró a la vez –fue el caso de su presidenciable, François Hollande– un reconocimiento hacia el hombre.
Para la mayoría, como para el primer ministro, François Fillon, la sentencia “llega demasiado tarde”. Lo cual vuelve a poner en cuestión el régimen de impunidad penal del presidente de la República. Protegido en el Elíseo, Chirac había vaticinado en su día que los casos de corrupción que se le imputaban acabarían haciendo “pitchsssss”. No ha sido así. La justicia se ha reservado la última palabra.
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