¿Operación retorno abortada?

Nicolas Sarkozy salió la noche del jueves del palacio de Justicia de Burdeos completamente sonado. El ex presidente francés no esperaba de ninguna manera resultar imputado en el caso Bettencourt y menos aún inculpado por un delito tan poco honorable como el de abusar de la debilidad mental de una anciana multimillonaria –Liliane Bettencourt, heredera del imperio L’Oréal– para sacarle el dinero y financiar la campaña de las elecciones presidenciales del 2007. La decisión del juez instructor del caso, Jean-Michel Gentil, puede acabar teniendo importantes repercusiones políticas, pues podría abortar la operación retorno de Sarkozy cara a las elecciones presidenciales del 2017, una idea que el propio interesado acarició públicamente hace quince días.

La sospecha que pesa sobre Sarkozy y algunos de sus colaboradores –particularmente el ex ministro Eric Woerth, tesorero de la campaña del 2007 y estrechamente vinculado al ex administrador de Bettencourt, Patrice de Maistre– es la de haber aprovechado el estado de la heredera de L’Oréal, aquejada desde el 2006 de una forma de Alzheimer, para obtener fondos para financiar la campaña electoral. Una idea que avalan varios de los antiguos empleados de Bettencourt y que sugieren ciertas coincidenciasa entre retiradas de dinero en Suiza y reuniones en el domicilio de Bettencourt. Sarkozy sostiene que sólo estuvo una vez en la casa en esa época, el 24 de febrero, pero su versión es contestada. Ante la imposibilidad de atacarle por financiación ilegal, delito que prescribe a los tres años, el juez ha optado por el de “abuso de debilidad”.

El magistrado instructor, con fama de determinado e incorruptible –además de extremadamente severo–, podría cerrar en las próximas semanas el sumario y decidir cuántas de las 17 personas que están imputadas –entre ellas, Woerth y De Maistre– son enviados a juicio. Si Sarkozy tuviera que sentarse en el banquillo de los acusados sus posibilidades de resurrección política quedarían probablemente truncadas. En caso contrario el caso podría actuar, a la inversa, como acicate.

Sarkozy recibió la decisión del juez como un mazazo y consideró haber recibido un “tratamiento escandaloso”, según afirmó en la radio su abogado, Thierry Herzog, quien anunció la presentación de un recurso de nulidad.

En el campo de la derecha, las reacciones fueron enormememte agresivas –desaforadas, incluso– pero en ningún caso improvisadas. Cada cual con un acento diferente, los dirigentes de la UMP salieron a cuestionar la independencia del juez, criticar su “encarnizamiento” y en algunos casos esgrimir teorías conspirativas. El presidente interino del partido, Jean-François Copé –que ex presó su “incomprensión”– fue llamativamente de los más contenidos, mientras el ex primer ministro François Fillon habló de una decisión “injusta y extravagante”, y el ex consejero de Sarkozy Henri Guaino acusó al juez de haber “deshonrado a la justicia”.

Las asociaciones de magistrados protestaron por los ataques de la derecha y uno de ellos, Christophe Régnard –presidente de la Unión Sindical de Magistrados–, pidió a la ministra de Justicia, Christiane Taubira, actuar penalmente contra Guaino.

De Nanterre a Burdeos

El caso Bettencourt empezó como una querella familiar. Fue la hija de Liliane Bettencourt, de 90 años, Françoise Bettencourt-Meyers, quien acudió a la justicia ante al sospecha que un amigo de su madre, el fotógrafo François-Marie Banier, se estaba aprovechando de la anciana para sacarle el dinero. El caso dio un vuelco cuando se conoció el contenido de unas grabaciones hechas clandestinamente por el mayordomo, que pusieron en evidencia el papel del administrador, Patrice de Maistre, y del ministro Eric Woerth, e introdujo un sesgo político que amenazaba con salpicar a Sarkozy. La instrucción fue muy agitada, con un duro enfrentamiento entre la juez de Nanterre Isabelle Prévost-Desprez y el fiscal Philippe Courroye, amigo personal del ex presidente. Por este motivo el Tribunal de Casación decidió trasladar el caso a Burdeos.

Otras amenazas judiciales

Imputado en el caso Bettencourt, por un presunto delito de “abuso de debilidad”, los problemas de Nicolas Sarkozy con la justicia podrían no acabar aquí. En estos momentos, hay otros cuatro casos judiciales abiertos en los que el ex presidente francés podría verse salpicado personalmente.

Una de las investigaciones que podrían llegar hasta la figura de Sarkozy es la que atañe al caso Adidas-Tapie, que pretende establecer si en la elevada indemnización concedida en el 2008 al empresario Bernard Tapie por la fraudulenta venta de Adidas por el Crédit Lyonnais en 1993 –en la que el Estado es responsable subsidiario– hubo trato de favor. La justicia investiga el papel de Christine Lagarde, ex ministra de Economía y actual directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), y se pregunta si actuó por propia iniciativa o siguiendo instrucciones del Elíseo, toda vez que Sarkozy se vio con Tapie hasta 18 veces entre 2007 y 2010.

Otro juez investiga, por su parte, las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de diversos contratos para realizar sondeos de opinión por parte del Elíseo, particularmente los que atañen al consejero personal de Sarkozy Patrick Buisson, que habría resultado beneficiado. En este caso, en la medida en que el expresidente francés estaría amparado por la impunidad legal de que goza el jefe del Estado en el ejercicio de sus funciones, se salvaría. Pero no así algunos de sus más estrechos colaboradores.

El tercer caso, al igual que el asunto Bettencourt, atañe a la financiación de la campaña electoral del 2007. Otro juez investiga si Sarkozy se benefició de una aportación económicadel desaparecido líder libio Muamar el Gadafi, como así han sostenido sucesivamente el hijo del coronel, Saif Al Islam, el exprimer ministro libio Al Baghdadi Al Mahmudi y el intermediario en operaciones de compra-venta de armamento Ziad Takieddine.

Finalmente, el cuarto asunto es el llamado caso Karachi, abierto por un atentado contra ingenieros franceses en la ciudad pakistaní y que ha conducido a descubrir el pago de comisiones y retrocomisiones fraudulentas en la venta de submarinos franceses a Pakistán en los años noventa. Los jueces sospechan que una parte de las comisiones pagadas a intermediarios y responsables pakistaníes regresaron a Francia y sirvieron para financiar la campaña del entonces primer ministro Édouard Balladur en las elecciones al Elíseo de 1995. Nicolas Sarkozy era en la época el ministro del Presupuesto y portavoz de la campaña... Dos de sus amigos han sido imputados por este caso, pero hasta el momento nada inculpa al ex presidente.