François
Hollande ha acabado chocando con los sindicatos. Al menos, con una parte de
ellos. Diez meses después de su elección, el presidente
francés afrontó ayer la
primera movilización general –hasta ahora, sólo había habido protestas
sectoriales– contra una de las medidas fundamentales de su política económica.
El objeto de la protesta, que ayer sacó a la calle a decenas de miles de
personas en 175 manifestaciones convocadas en todo el país por la CGT y Fuerza
Obrera (FO), es el proyecto de reforma laboral, pactado por la patronal y otros
tres sindicatos –entre ellos, la CFDT–, y cuya concreción el Gobierno se
dispone a aprobar hoy en Consejo de Ministros.
La protesta de ayer no fue muy numerosa, pero no sería la
primera vez que una movilización empieza a medio gas y va adquiriendo fuerza
con el tiempo. La contestación de la CGT y FO –dos de las principales
confederaciones sindicales francesas– está respaldada por los aliados de los
socialistas en el Parlamento –el PCF y el Partido de Izquierda de Jean-Luc
Mélenchon– y por el ala izquierda del Partido Socialista, algunos de cuyos
representantes se sumaron a las marchas.
Impulsado por el Gobierno con el fin de frenar la sangría de
planes de reducción de plantilla y facilitar la creación de empleos, el acuerdo
sobre la reforma del mercado laboral flexibiliza considerablemehte la
legislación francesa –considerada una de las más protectoras y también más
rígidas del continente– y facilita a las empresas la posibilidad de adaptarse a
situaciones de crisis.
Una de las principales –y más contestadas– medidas es la que
permite a las empresas en graves dificultades a llegar a acuerdos con los
sindicatos para reducir los salarios o la jornada laboral a cambio de no hacer
despidos. Tales acuerdos, supervisados por el Estado, no podrán exceder el
plazo de dos años. Las empresas en tal situación podrán asimismo imponer a los
empleados un cambio de puesto o de lugar de trabajo.
La reforma beneficia a los trabajadores en otros aspectos,
como la conservación de la prestación de desempleo no gastada, la obligación
para las empresa de contratar mutuas de salud complementarias y una estricta
regulación del tiempo parcial, que en general no podrá estar por debajo de 24
horas semanales.
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