Agentes de la
policía judicial registraron ayer el piso particular en París de la directora
del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, en el marco de la
investigación sobre el denominado caso Tapie-Adidas. La justicia francesa, que
abrió oficialmente en 2011 una investigación sobre Lagarde por presunta
complicidad en falsificación de documentos y desvío de fondos públicos, busca
establecer el papel de la ex ministra francesa de Economía en la resolución en
el 2008 del litigio que enfrentaba al Estado francés con el empresario Bernard
Tapie por la venta de Adidas a través del Crédit Lyonnais en 1993, y que
resultó claramente beneficiosa para el empresario.
En las últimas semanas la policía ha registrado asimismo los
domicilios del ex director de gabinete de Lagarde en aquella época, Stéphane
Richard –actual presidente de France Télécom– y el ex secretario general del
Elíseo y ex ministro del Interior Claude Guéant. Los jueces quieren saber si
Lagarde decidió sola sobre la forma de resolver el litigio –tal como ella
siempre ha declarado– o recibió instrucciones del entonces presidente de la
República, Nicolas Sarkozy, con quien Bernard Tapie –según han revelado las
agendas del Elíseo– se entrevistó en 18 ocasiones entre el 2007 y el 2010.
Tapie, quien fuera ministro con el socialista François Mitterrand, apoyó la
candidatura de Sarkozy en las elecciones presidenciales del 2007.
Los hechos se remontan a 1992, cuando Tapie encargó la venta
de Adidas a su banco, el Crédit Lyonnais, que en 1993 la adjudicó a un grupo
inversor en el que participaba una de sus propias filiales por 315 millones de
euros. Un año después, el empresario Robert-Louis Dreyfuss se hizo con el
control de la totalidad de la empresa por 701 millones de euros, aunque su
valor subió en 1995, tras ser introducida en Bolsa, a 1.667 millones. Mientras
tanto, el Crédit Lyonnais –al borde de la quiebra– fue intervenido por el Estado
francés.
Sintiéndose engañado y sospechando una confabulación entre
el banco y Dreyfuss, Tapie demandó al Crédit Lyonnais, que inicialmente fue
condenado –y a través de él, el Estado– a indemnizar al empresario.
El litigio judicial llegó sin embargo a un callejón de
difícil salida y Lagarde decidió resolverlo a través de un tribunal arbitral,
un medio habitual en los conflictos privados pero infrecuente cuando está por
en medio el Estado. El tribunal acordó en el 2008 una indemnización a Tapie de
alrededor de 400 millones de euros (285 millones más los intereses), que
Lagarde aceptó sin presentar recurso, en contra de la opinión de los servicios
del Ministerio de Economía.
El FMI reafirmó ayer, a través de Gerry Rice, director del
departamento externo, su “confianza” en Christine Lagarde.
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