Volver a empezar

Todo el mundo puede hincar la rodilla en tierra. Y tiene derecho a poder levantarse de nuevo. Al igual que otros países europeos –y a diferencia de lo que sucede en España–, Francia dispone de mecanismos legales para ayudar a quienes no pueden pagar sus deudas, sean o no inmobiliarias, y ofrecerles una nueva oportunidad. En un país donde las hipotecas tienen poco predicamento, la dación por pago no existe. La solución es más universal.

De entrada, la situación en Francia tiene pocos puntos en común con la española. Acceder a un préstamo inmobiliario –hipotecario o no– es muchísimo más difícil que en España, donde hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria los bancos y las cajas eran capaces de prestar dinero al mismísimo Carpanta. No sucede lo mismo en Francia, donde el acceso a la vivienda de propiedad es mucho más limitado: sólo el 57% de las familias es propietaria de su casa.

Los bancos franceses imponen condiciones muy restrictivas para otorgar un crédito inmobiliario. Para empezar, es impensable que cubra el 100% del valor de la vivienda. La proporción varía, según las zonas, y en los últimos años se ha reducido considerablemente. En el conjunto del país, de media, los préstamos llegan como máximo al 79%. Pero en la región de Ile-de-France es del 66% y en la ciudad de París, sólo del 42%. El resto lo ha de poner el comprador de sus ahorros.

Por lo demás, ninguna entidad bancaria concederá un crédito si la cuota resultante excede de un tercio de los ingresos mensuales. Estas condiciones, unidas al hecho de que la casi totalidad de los préstamos concedidos lo son a tipos de interés fijo –del orden del 3,2% actualmente–, reducen en gran medida el riesgo de impago. Para hacerle frente, los bancos pueden exigir una garantía hipotecaria o bien una caución, un seguro que paga el prestatario.

Los franceses pueden beneficiarse también del llamado “Préstamo a tipo cero”, un crédito especial reservado para los adquirientes de su primera vivienda –o que no hayan comprada ninguna en los últimos dos años y la nueva sea para su residencia habitual–, garantizado por el Estado. El préstamo sólo cubre una parte de la financiación, pero aligera la carga, pues no genera intereses.

Si a pesar de todo, uno no puede pagar las cuotas del banco y tiene una hipoteca, puede acabar siendo embargado por la entidad acreedora, que entonces venderá el bien para resarcirse de la deuda. Normalmente, la venta la acaba cubriendo por completo. Es significativo, a este respecto, que menos del 10% de los expedientes de ayuda presentados ante el Banco de Francia por problemas de sobreendeudamiento lo sean por la imposibilidad de pagar préstamos inmobiliarios.

En caso de embargo de la vivienda, los ocupantes tienen dos meses para abandonarla desde que reciben la orden de desahucio (expulsión, en la jerga administrativa francesa). Pero, al igua que sucede con el impago del alquiler, uno no puede ser expulsado de su casa en todo momento: entre primeros de noviembre y mediados de marzo está en vigor lo que se denomina la “tregua invernal”, que prohíbe echar a nade de su casa, deba lo que deba, y aunque exista una orden.

En todo caso, antes de llegar aquí, los afectados pueden recurrir a las autoridades bancarias para pedir ayuda. Cualquier persona que se vea imposibilitada de pagar sus deudas, ya sean un préstamo bancario, el alquiler, facturas atrasadas o cualquier otra –salvo las pensiones alimentarias, los impuestos y las multas–, puede acudir a la Comisión de Sobreendeudamiento del Banco de Francia en busca de una salida.

Una vez presentada toda la documentación, la citada comisión analiza el caso y, si lo considera procedente, lo admite a trámite. Desde ese momento y hasta que el Banco de Francia emite su dictamen –en un plazo máximo de un año– el pago de las deudas queda legalmente suspendido.

En primer lugar, la comisión busca una solución negociada con las partes. Si eso no es posible, la comisión puede imponer, de acuerdo con un juez, una moratoria temporal en el pago y un plan para la devolución escalonada de la deuda. Mientras eso dura –y hasta un máximo de ocho años– el afectado es inscrito en un fichero que pueden consultar las entidades financieras.

Si la comisión llega a la conclusión de que la cosa no tiene remedio, de que la situación económica y financiera del afectado está “irremediablemente comprometida”, puede abrir entonces un procedimiento de “restablecimiento personal”, esto es, una quiebra personal ordenada, que queda inscrita en el fichero citado durante cinco años. Esta medida, que requiere el acuerdo de un juez, comporta el embargo y, en su caso, la venta de todo el patrimonio disponible –bienes inmobiliarios, vehículos, ahorros...–, y a cambio la práctica totalidad de las deudas contraídas quedan borradas para siempre. A uno no le queda nada, pero tampoco arrastra ningún lastre del pasado. Puede volver a empezar desde cero.

765.000 hogares bajo asistencia

En los últimos cinco años, la Comisión de Sobreendeudamiento del Banco de Francia ha recibido una media de 212.000 peticiones de ayuda al año. En septiembre del 2012 había 765.000 hogares acogidos al sistema.

Endeudados por el consumo

La mayor parte de las peticiones de ayuda al Banco de Francia (81,8%) lo son por deudas financieras. Los créditos inmobiliarios sólo representan el 9,6%, mientras que el 87,4% son préstamos para bienes de consumo