Cuando los franceses decapitaron a Luis XVI en 1793 acabaron, por la vía de la ley y de los hechos, con la sagrada regla de la inviolabilidad del rey. El principio revolucionario de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley alcanza hoy con toda naturalidad a las máximas magistraturas del Estado. Incluido el presidente de la República, quien goza sin embargo de un periodo de carencia...
El reciente registro judicial del domicilio y el despacho del ex presidente Nicolas Sarkozy, en el marco del caso Bettencourt, un mes y medio después de abandonar el Elíseo, ha vuelto a poner de actualidad el particular estatuto penal del jefe del Estado francés, cuyas disfunciones quedaron en evidencia con la condena de Jacques Chirac en 2011.
Si la Constitución de 1958, que instauró la V República, convirtió al presidente en una suerte de “monarca electivo”, le confirió también una especie de “inviolabilidad real” durante el ejercicio de su cargo. Durante su mandato, el jefe del Estado francés goza de una inmunidad temporal casi absoluta: el artículo 67 establece que el presidente “no es responsable” de los actos ejecutados en calidad de tal. Con dos reservas: que sea encausado por el Tribunal Penal Internacional o que, en caso de faltar a sus deberes, sea destituido por las dos cámaras del Parlamento constituidas en Alto Tribunal de Justicia.
Hasta la reforma constitucional de 2007, la única acusación de la que el presidente de la República debía responder era la de “alta traición”. Éste fue, precisamente, el principal cargo que se presentó en 1945 contra el mariscal Pétain, acusado de colaboracionismo. Philippe Pétain fue condenado a muerte, pero el general De Gaulle conmutó la pena por la de cadena perpetua.
Pétain era el único antecedente de un presidente condenado por la justicia hasta que, en 2011, el ex presidente Jacques Chirac fue condenado a dos años de prisión –con suspensión condicional de la pena– por los delitos de malversación de fondos públicos, abuso de confianza y prevaricación en el asunto de los empleos ficticios de la alcaldía de París. Un caso de financiación irregular del partido gaullista –el Reagrupamiento por la República (RPR), antecedente de la actual Unión por un Movimiento Popular (UMP)– durante la época en que Chirac era presidente del partido y alcalde de París.
Los hechos se remontaban a la primera mitad de los años noventa, pero cuando la justicia quiso actuar contra él –en 1999–, chocó contra el muro de la inviolabilidad presidencial. Si el jefe del Estado está protegido de su actuación como tal, también lo está –ni que sea temporalmente– respecto a los delitos que haya podido cometer con anterioridad o al margen de su función política. Durante su mandato, el presidente de la República no puede ser objeto de ninguna información o instrucción judicial, no puede ser perseguido por ninguna autoridad judicial o administrativa, y ni siquiera ser llamado a testificar.
No es el caso del primer ministro y de los miembros del Gobierno, que durante el ejercicio de su función pueden ser encausados y juzgados por el Tribunal de Justicia de la República, integrado por parlamentarios y jueces.
La inmunidad del presidente, discutida por algunos, no dura siempre. Al igual que el encantamiento de Cenicienta se acababa a medianoche, la protección especial del jefe del Estado se termina justo un mes después de abandonar el Elíseo. Los jueces del caso Bettencourt –otro asunto de presunta financiación irregular– han esperado a ese momento para investigar a Sarkozy. Lo mismo que los instructores de los empleos ficticios de la alcaldía de París hicieron con Chirac. En este caso, la justicia se impuso al final, con doce años de retraso. Para muchos, demasiado tarde.
Divorcio por acuerdo forzoso
La inmunidad temporal del presidente francés, que impide toda acción judicial que le afecte directa o indirectamente, abarca a absolutamente todos los ámbitos. Incuido el Derecho matrimonial... Un presidente de la República casado –lo que no es el caso del actual, François Hollande– sólo puede divorciarse si es de común acuerdo pues el otro cónyuge está temporalmente incapacitado para presetar una demanda de divorcio en su contra: los jueces no tendrían más remedio que archivarla. Si Nicolas Sarkozy se divorció de su segunda esposa, Cécilia Ciganer-Albeniz, en 2007 fue porque el divorcio se realizó de común acuerdo. Si el presidente no puede ser objeto de ninguna acción judicial, el Tribunal de Casación le ha reconocido hace poco su legitimidad, como víctima, para presentar denuncia y actuar como parte civil en un proceso.
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