El ahorro –y los recortes– deberán esperar. Lo primero a lo que el nuevo presidente francés, François Hollande, va a recurrir para colmatar el déficit será el aumento de los impuestos. El Gobierno francés, tal como había anunciado la víspera en el Parlamento el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, aprobó ayer una nueva vuelta de tuerca en materia fiscal que obligará a los contribuyentes a rascarse el bolsillo y pagar este año 7.200 millones de euros adicionales a las arcas públicas. Frente a esto, el Estado recortará sólo 1.500 millones.
“El esfuerzo inmediato se centra más en los ingresos, mientras que los esfuerzos en el gasto se desplegarán durante la totallidad del mandato”, admitió el ministor de Economía, Pierre Moscovici. Las primeras medidas de recorte deberían empezar a aparecer en el proyecto del Presupuesto para 2013, que debe ser examinado y aprobado en otoño. Y los primeros afectados serán probablemente los funcionarios, a quienes la ministra de la Función Pública, Marylise Lebranchu, avanzó ayer una etapa de “rigor”.
Mientras tanto, el grueso del esfuerzo será de naturaleza fiscal y recaerá en las grandes empresas y las clases pudientes, prácticamente a partes iguales. Pero no únicamente. También los trabajadores, en contra de lo que se ha pretendido, se verán afectados.
Las principales medidas incluidas en la Ley de Finanzas rectificativa, en lo que a las empresas incumbe, son la instauración de una tasa sobre los dividendos del 3% –para aquellas sociedades con más de 250 millones de euros de cifra de negocios anual– y otra tasa excepcional del 4% sobre los stocks de productos petrolíferos, mientras que los bancos y entidades financieras verán doblada la actual tasa sobre el riesgo sistémico y la tasa sobre la compra de acciones. Las empresas perderán asimismo la rebaja de las cotizaciones sociales patronales prevista en la reforma de Nicolas Sarkozy, que pensaba compensarla con un aumento del IVA a partir del 1 de octubre. Esta simbólica reforma, que buscaba reducir los costes laborales para mejorar la competitividad de las empresas, ha sido anulada.
Otra abrogación sonada es la de la no menos simbólica exoneración fiscal de las horas extras, con la cual Sarkozy quiso desactivar la semana laboral de 35 horas. La supresión de esta exoneración –para aquellas empresas de más de 20 empleados– permitirá al Estado recuperar 980 millones. Pero en este caso los perjudicados no serán sólo las empresas, sino también los asalariados.
Por lo que respecta a las familias, la principal medida por la cuantía que reportará –2.300 millones– es la contrarreforma del Impuesto sobre la Fortuna (ISF), cuyos contribuyentes deberán hacer una contribución extraordinaria este mismo año. Las condiciones del Impuesto de Sucesiones se endurecen asimismo para las rentas altas, de forma que la proporción de herencias exoneradas se rebajará del 92% al 88%.
La UMP ha criticado severamente las medidas del Gobierno –especialmente por la falta de un decidido programa de recorte del gasto público– y ha vaticinado una “catástrofe económica”.
Nada de interés ‘chez Sarkozy’
El registro judicial del domicilio personal de Nicolas Sarkozy, un hôtel particulier alquilado por su esposa, Carla Bruni, en el distrito XVI de París, y de su despacho oficial en el distrito VIII no permitieron hallar nada de interés. El juez de Burdeos Jean-Michel Gentil, instructor del caso Bettencourt, acompañado por una decena de policías de la brigada financiera, buscaba algún documento relacionado con la posible financiación ilegal de la campaña electoral de Sarkozy en 2007 por parte de la principal accionista del grupo L’Oréal, Liliane Bettencourt. Pero los investigadores no se llevaron nada. Tampoco del bufete de abogados del que Sarkozy es socio, aunque no ejerce desde hace una década. Un total de 11 personas están imputadas en este caso, pero no el ex presidente francés.
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