El tren de la discordia

El cierre temporal de una frontera entre países de la Unión Europea es totalmente legal. Así lo consideró ayer la Comisión Europea, que avaló de este modo la decisión de París de bloquear el pasado domingo durante algo más de seis horas el tráfico ferroviario entre Italia y Francia, en el puesto fronterizo de Ventimiglia-Menton, para impedir la entrada del llamado tren de la dignidad, lleno de inmigrantes tunecinos y activistas pro derechos humanos y antirracistas de ambos países. La decantación de Bruselas representa, a nivel general, un espaldarazo a la política del Gobierno francés de extremar los controles fronterizos con su vecino transalpino para frenar la entrada masiva de inmigrantes tunecinos. Y es un desaire para el Ejecutivo italiano, que había protestado públicamente –aunque no oficialmente– por lo que consideró una vulneración, por parte francesa, del Tratado de Schengen, que garantiza la libre circulación entre los países miembros.

La comisaria europea de Asuntos Interiores, Cecilia Malmström, afirmó que Francia había justificado el cierre de la conexión ferroviaria franco-italiana por “razones de orden público” y de forma “muy temporal”, y avanzó con cautela que “aparentemente tenía el derecho” de hacerlo. La Comisión no se ha pronunciado todavía formalmente sobre la decisión, que París comunicó ayer por carta a Bruselas, pero un portavoz juzgó que el cierre fronterizo del domingo no había ido “más allá de lo estrictamente necesario”. “Los países miembros pueden hacer ese tipo de controles fronterizos en situaciones extraordinarias”, agregó.

La decisión de interrumpir el tráfico ferroviario durante unas horas buscaba impedir la entrada en Francia del tren de la dignidad, que a juicio de París representaba una “manifestación ilegal” y presentaba “riesgos de alteración manifiesta del orden público”. La maniobra perseguía más evitar una acción de protesta en suelo francés que impedir propiamente la entrada de los inmigrantes, como lo demuestra el hecho de que algunos de ellos –los que pudieron reunir los requisitos legales– pasaron ayer la frontera sin ningún problema.

“Aplicamos en la letra y el espíritu los acuerdos de Schengen”, recalcó desde Bucarest el ministro francés del Interior, Claude Guéant. La “letra” establece que los inmigrantes de terceros países con un permiso de residencia temporal concedido por un país miembro de la UE pueden viajar a otro país miembro siempre que cumplan una serie de requisitos: disponer del citado permiso, tener un pasaporte en regla y poder justificar los recursos suficientes –31 euros diarios si disponen de alojamiento, 62 en caso contrario– para permanecer en el país, para lo que están autorizados solamente por tres meses.

París ha reforzado los controles fronterizos con Italia y aplica a rajatabla los principios anteriores –devolviendo, por tanto, a los inmigrantes que no cumplan los requisitos–, desde que el Gobierno italiano decidió unilateralmente hace diez días conceder permisos de estancia temporal –de seis meses– a unos 20.000 inmirantes irregulares procedentes del Norte de África, básicamente tunecinos, desembarcados masivamente en la isla de Lampedusa en las últimas semanas. La mayoría de ellos, alegó Roma –que alivió de este modo la presión interna–, habían expresado su deseso de viajar a Francia.

La crisis de los inmigrantes de Lampedusa ha tensado las relaciones entre París y Roma, y ha puesto en evidencia la falta de una política europea común al respecto, como ayer remarcó el ministr italiano del Interior, Roberto Maroni: “Pedimos la ayuda y solidaridad de Europa y la respuesta fue que era un asunto italiano. No es ésta la Europa que queremos”, manifestó ayer.

La regularización extraordinaria decidida por Roma fue la respuesta a la inhibición europea ante el problema. No sólo de Bruselas, sino también de los demás países socios. Francia –cuyo Gobierno ha reforzado la mano dura en la política de inmigración– y Alemania han mantenido desde el principio que Italia debe arreglar el problema por su cuenta, subrayando que –a diferencia de Malta, por ejemplo–, tiene la capacidad para hacerlo. Guéant insistió ayer de nuevo, aludiendo a los acuerdos de Schengen, en que son los primeros receptores los obligados a gestionar el problema. A ojos de Bruselas, los inmigrantes tunecinos no pueden ser considerados refugiados.

Tras la espuma inicial –el ministro italiano de Exteriores, Franco Frattini, habló de una “sombra” en las relaciones bilaterales–, ayer París y Roma intentaron rebajar la tensión, a una semana de la próxima cumbre franco-italiana. “La situación se ha aclarado y el problema se ha resuelto”, expresó un portavoz italiano de Exteriores, que aseguró que ambos países trabajan “constructivamente” para encontrar una solución al problema.

No sólo los inmigrantes

La cumbre franco-italiana prevista el 26 de abril en Roma tendrá como tema estrella el problema de la inmigración. Pero no únicamente. Las cuestions empresariales –compra de Bulgari por LVHM, aumento de la presencia de Lactalis en Parmalat...– son otro foco de tensiones entre ambos lados de los Alpes.