El partido de Nicolas Sarkozy, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), puso ayer finalmente letra a la música emitida en las últimas semanas desde el Elíseo sobre la necesidad de acotar la práctica del islam en Francia. El polémico debate sobre el islam lanzado por el presidente francés el pasado mes de febrero –luego reconvertido formalmente en debate sobre la laicidad– culminó ayer con el alumbramiento por parte de la UMP de una batería de 26 propuestas para reforzar el principio de la laicidad –instaurado por la ley de 1905– frente a las crecientes presiones de los integrismos religiosos. Y en particular, de los fundamentalistas islámicos.
La principal propuesta del partido gubernamental, que en las próximas semanas presentará en el Parlamento un proyecto de resolución a este respecto, es hacer una compilación, probablemente en forma de Código, de todas las disposiciones sobre la laicidad y la libertad de culto, y reforzarla con algunas medidas legales adicionales.
Entre las propuestas que puso sobre la mesa el secretario general de la UMP, Jean-François Copé, está la prohibición general de alegar una creencia religiosa para sustraerse al cumplimiento de las reglas comunes. Por ejemplo, rechazar la asistencia de un médico a causa de su sexo o su supuesta confesión. O negarse, en la escuela, a seguir los cursos de educación física y educación cívica. La ley, según la propuesta, extenderá la prohibición de exhibir signos o vestimentas de carécter religioso a los “colaboradores ocasionales” de los servicios públicos, lo que apunta a los padres acompañantes en las salidas escolares. Lo mismo valdrá para el personal de los centros privados –clínicas y guarderías– que prestan un servicio de interés general.
La voluntad del partido gubernamental es también reforzar la idea general de que los servicios públicos no tienen la obligación de adaptarse ni al calendario de fiestas ni a las prescripciones alimentarias religiosas, aunque admite la posibilidad de “arreglos” en cada caso. En las cantinas públicas, por ejemplo, no se servirá carne sacrificada según el rito halal, pero se ofrecerá a cambio un menú vegetariano. Las empresas privadas estarán habilitadas asimismo para regular, en su reglamento interior, estos extremos. Las celebraciones religiosas no tradicionales en la calle –como el rezo– deberá comunicarse previamente a la autoridad.
La mayor parte de estas propuestas, que por otra parte pueden encontrar un amplio consenso, ya está recogidas de un modo u otro en la legislación y sólo exigen aplicación. Salvo la idea de elaborar un Código de la Laicidad, y alguna cuestión puntual, apenas hay nada nuevo, lo que no ha hecho sino reforzar la impresión de que detrás de la iniciativa había un objetivo político-electoral: intentar amarrar al electorado popular tentado por el discurso radical de la extrema derecha.
El debate, pese a estar formalmente centrado en la laicidad, se ha focalizado en realidad en el islam, como han puesto de manifiesto las continuas y pertinaces declaraciones de miembros del partido y del Gobierno –ayer mismo volvió a insistir en ello el ministro del Interior, Claude Guéant, quien se quejó del “problema” que supone el “crecimiento del número de fieles” del islam–, lo que ha generado el rechazo general de la comunidad musulmana, que se siente estigmatizada, y el recelo de las demás confesiones, incluidos los católicos y los judíos.
Imanes y mezquitas
La propuesta de la UMP pretende generalizar la formación universitaria de los imanes, algo que hoy sólo se produce en Estrasburgo –Alsacia y Lorena están exentas por razones históricas de la ley de laicidad– y en la Universidad Católica. También se quiere revisar el sistema de protección social de los ministros de culto y analizar la manera de que no tengan ningún tipo de subordinación a un Estado extranjero. La financiación exterior de centros de culto se controlará a través de una fundación nacional, y se facilitará su construcción mediante cesiones enfitéuticas –derecho de usufructo de terrenos públicos por 99 años mediante el pago de un canon mínimo y con opción de compra final–. También se autorizarán sectores propios en los cementerios
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