La violencia del
ataque lanzado el miércoles por la noche en televisión por Nicolas Sarkozy
contra los jueces, y en particular contra una de las dos magistradas que
acababan de imputarle por corrupción y tráfico de influencias en el caso de las
escuchas, ha causado una gran estupefacción y un profundo malestar en Francia,
del que sólo han quedado al margen los más fieles seguidores del ex presidente
francés, detrás de su líder como Fuenteovejuna.
El mundo de la judicatura reaccionó ayer con evidente
indignación, mientras el Gobierno socialista –a pesar de haber sido
directamente señalado por el dedo acusador de Sarkozy– mantenía una calculada
prudencia. La prestación televisiva del ex presidente de la República no
convenció a la mayoría de los franceses –el 63% no cree en una conspiración y
considera que ha sido tratado por la justicia como cualquier otro ciudadano,
según un sondeo de 'Le Parisien'– y la incomprensión
alcanza a algunos de los dirigentes de su propio partido, la Unión por un
Movimiento Popular (UMP), como Alain Juppé.
“Vilipendiar a una institución de la República, en este caso
la institucion judicial, como lo hacen ciertos responsables políticos no me
parece el método adecuado”, declaró el ex primer ministro y miembro del
triunvirato que dirige provisionalmente la UMP, quien deploró asimismo la
excesiva “teatralidad” de la puesta en escena del ex presidente.
El presidente de la Asamblea Nacional, el socialista Claude
Bartolone, expresó asimismo su “preocupación” por el tenor de las acusaciones
de Sarkozy, viniendo como vienen de un ex jefe del Estado, supuesto garante de
las instituciones de la República. El primer ministro, Manuel Valls, en cambio
se mantuvo a distancia –siguiendo la línea marcada el día anterior por el
presidente François Hollande– y se limitó a pedir “respeto hacia la presunción
de inocencia y hacia la independencia de la justicia”.
En la entrevista, emitida simultáneamente por TF1 y radio
Europe 1, Sarkozy calificó de “grotescos” los cargos de los que se le acusa,
denunció una “instrumentalización política de la justicia” y acusó a las dos
jueces de instrucción, Claire Thépaut y Patricia Simon, de actuar con
parcialidad, de haber querido “humillarle” con su interrogatorio bajo detención
y buscar su “destrucción”. Sus dardos fueron dirigidos especialmente contra
Claire Thépaut, por ser miembro del Sindicato de la Magistratura, de
orientación izquierdista y muy crítico con la política de Sarkozy en su tiempo
de presidente.
El Sindicato de la Magistratura fue el que reaccionó con
mayor contundencia. Su secretario general, Eric Bocciareli, reprochó a Sarkozy
que “persista en tratar de arrojar el descrédito sobre (los jueces) que buscan
la manifestación de la verdad” y calificó este fenómeno de contestación de
“inquietante”. El presidente de la mayoritaria Unión Sindical de Magistrados
(USM), Christophe Regnard, calificó en una tribuna de “lastimosos” estos
“desbordamientos anti-magistrados” y añadió que “cuestionar al juez, tratar de
desacreditarle, permite sobre todo evitar hablar del fondo (del asunto)”. “La
independencia de los jueces es una condición esencial de la democracia”,
recordó en fin por su parte la presidenta del Tribunal de Gran Instancia de
París, Chantal Arens.
Las relaciones entre Sarkozy y la judicatura han sido
históricamente tumultuosas. El expresidente, que en el 2007 había llegado a
calificar despreciativamente a los magistrados de “guisantes”, ya atacó
duramente al juez Jean-Michel Gentil en el 2013 por haberle imputado en el caso
Bettencourt.
Escuchas en cuestión
Todo depende de una cosa, de una sola cosa. La acusación contra Nicolas Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias descansa únicamente en la grabación de una serie de conversaciones telefónicas que el ex presidente francés mantuvo con su abogado, Thierry Herzog, en enero y febrero pasados. De ellas se desprende que ambos habrían intentado obtener información sobre el procedimiento del Tribunal de Casación relativo al caso Bettencourt –en el que Sarkozy, ya exculpado, era parte interesada– y tratado supuestamente de influir para lograr una decisión favorable, a través de un magistrado de este tribunal, el abogado general (fiscal) Gilbert Azibert, que a cambio habría pedido el apoyo del ex presidente francés para integrar el Tribunal de Revisión de Mónaco. La defensa de Sarkozy va a tratar, en consecuencia, de impugnar a toda costa la validez de las escuchas judiciales.
La posibilidad de invalidar esta prueba capital no es una quimera. Al menos, así lo ven algunos letrados –entre ellos, el decano del Colegio de Abogados de París, Pierre-Olivier Sur–, que estos días han analizado la cuestión en diversos medios de comunicación. El principal flanco atacable es la modalidad y el uso mismo que la justicia ha hecho de estas escuchas. Decididas en el marco de la investigación sobre la presunta financiación ilegal de la campaña electoral de Sarkozy en las presidenciales del 2007 por el desaparecido líder libio Muamar el Gadafi, las escuchas se habrían alargado –según este razonamiento– de forma abusiva y habrían sido utilizadas de manera ilegítima para un caso diferente.
La ley permite intervenir las comunicaciones privadas, pero siempre con un objetivo preciso y por un tiempo limitado. Ahora bien, Sarkozy fue puesto bajo escucha en septiembre del 2013 y, pese a no encontrar nada, el pinchazo se prolongó varios meses, como si fuera una “red de deriva”, a ver qué podían pescar.
Por otro lado, el hecho de que las conversaciones de Sakozy fueran con su abogado defensor podría suponer una violación del secreto profesional, que protege precisamente la relación entre un abogado y su defendido. La defensa de Sarkozy, que ha asumido otro abogado, Pierre Haik –pues Herzog está también imputado–, impugnará las escuchas ante la sala de instrucción y, en el caso de que su demanda sea rechazada, ante el Tribunal de Casación. El procedimiento puede durar varios meses.
La barba es el mensaje
Tras abandonar el Elíseo en la primavera del 2012, derrotado
por François Hollande, Nicolas Sarkozy se dejó crecer una barba de tres días
con la que pretendía marcar un antes y un después. Era su forma de decir a
través de la imagen lo que decía también con las palabras: su decisión de
retirerse de la política era irrevocable (en fin, más o menos irrevocable,
según y cómo). Su barba dio entonces mucho de qué hablar. La ex ministra
Roselyne Bachelot, que rompió políticamente con el ex presidente francés a causa
de su brusco giro a la derecha, llegó a asimilar jocosamente su nueva imagen a
un “estilo bad boy homo revisitado”. Sarkozy no se
afeitó ni para participar en el 70º aniversario del Desembarco de Normandía ni
para ser recibido –poco antes de su abdicación– por el rey Juan Carlos. Era un
símbolo. Un día advirtió a los periodistas: “El día que me la afeite será que
he decidido volver”. La noche del miércoles, ante las cámaras de televisión de
TF1, no quiso desvelar sus intenciones respecto a su futuro. Pero, eso sí,
apareció pulcramente afeitado.
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