Sarkozy, 15 horas de arresto y una imputación

La justicia no está dispuesta a mostrar piedad con Nicolas Sarkozy. El ex presidente francés pasó ayer 15 horas bajo arresto en la sede central de la policía judicial para ser interrogado por los agentes de la Oficina central de lucha contra la corrupción y, ya entrada la madrugada, salió del despacho de las jueces de instrucción Patricia Simon y Claire Thépaut, en el polo financiero del Tribunal de Gran Instancia de París, imputado por los presuntos delitos de corrupción activa, tráfico de influencias y encubrimiento de violación del secreto de la instrucción.

No es la primera vez en la V República que un ex jefe del Estado es perseguido por la justicia. Su antecesor en el Elíseo, Jacques Chirac, fue asimismo interrogado, imputado, juzgado y condenado. Pero nunca antes se había llegado a imponer un arresto, una especie de condena mediática que no parece ajena a los violentos enfrentamientos que Sarkozy mantuvo con la judicatura siendo presidente de la República y aún antes, ministro del Interior.

La justicia sospecha que Sarkozy pudo haber tratado, por mediación de su abogado, Thierry Herzog, de obtener información sobre el curso del caso Bettencourt en el Tribunal de Casación, e incluso haber intentado influir en su decisión. El ex presidente de la República, que ya había sido imputado –y posteriormente exculpado– en el citado caso por abuso de debilidad sobre la heredera del grupo l’Oréal, Lilianne Bettencourt, de 91 años, pretendía que el Tribunal de Casación anulara la utilización de sus agendas oficiales del Elíseo como prueba, alegando que estas estaban también protegidas por el estatuto de impunidad penal del jefe del Estado en el ejercicio de su cargo.

El objetivo del ex presidente era desactivarlas no sólo –o no tanto– en el caso Bettencourt, sino también en otros 'affaires' que le amenazan, como el caso Tapie. Al final, no lo consiguió. Pero a la justicia le importa bien poco si se salió con la suya o no. El mero hecho de intentarlo ya es un delito. Y en Francia puede ser castigado con hasta cinco años de prisión y una multa de 500.000 euros.

El presunto informador de Sarkozy y Herzog en el Tribunal de Casación era un amigo de este último, el magistrado Gilbert Azibert, abogado general (fiscal) en la sala de lo civil, quien al parecer tenía asimismo contacto con otro abogado general, Patrick Sassoust, de la sala de lo criminal, que era la encargada de dictaminar sobre el asunto de las agendas. A cambio de su ayuda, Sarkozy habría prometido a Azibert –siempre por mediación de su abogado– ayudarle a conseguir un puesto de consejero de Estado en el Principado de Mónaco.

Herzog y los dos magistrados ya fueron llamados a declarar bajo detención el lunes, y tras pasar toda la noche en las dependencias policiales, ayer siguieron siendo interrogados. Azibert y Herzog fueron los primeros en salir y ser presentados a las jueces de instrucción. Y, al igual que Sarkozy, salieron imputados.

Citado por los agentes de la oficina central de lucha contra la corrupción, Nicolas Sarkozy llegó poco antes de las ocho de la mañana, conducido por su chófer, a la sede central de la policía judicial en Nanterre (periferia oeste de París), donde le comunicaron su detención. Salvo en casos especiales –como los de terrorismo– este periodo de arresto no puede exceder de las 48 horas, tras las cuales debe ser puesto en libertad sin cargos o enviado ante el juez, que puede imputarle o citarle como testigo (simple o asistido de abogado). Sarkozy tenía derecho ayer a ser interrogado con un abogado, pero renunció por el hecho de que el suyo se encontraba asimismo detenido. Era también un modo de expresar su protesta.

El caso del Tribunal de Casación, por el cual se abrió una investigación oficial el pasado mes de abril –encargada a las magistradas Patricia Simon y Claire Thépaut–, se destapó casi por casualidad. Otros dos jueces, Serge Tournaire y René Grouman, que investigan la presunta financiación ilegal de la campaña electoral de Sarkozy en las presidenciales del 2007 por parte del desaparecido líder libio Muamar el Gadafi, decidieron el año pasado poner bajo escucha a varios colaboradores próximos del ex presidente francés. Y, a partir de septiembre, también a este último.

Fue a través de estas escuchas que, inesperadamente, los investigadores se toparon con el caso del Tribunal de Casación... Descubrieron que Sarkozy y Herzog estaban muy bien informados sobre el desarrollo de la instrucción en el citado tribunal y que, además, habían sido advertidos por alguien de que podían estar bajo escucha, tal eran las precauciones que tomaban en sus conversaciones. Poco tardó en descubrir la policía que ambos se habían agenciado, utilizando una identidad falsa, dos teléfonos móviles paralelos para mantener sus conversaciones confidenciales. Sarkozy adoptó el nombre de Paul Bismuth, que resultó ser también el de un promotor inmobiliario israelí, antiguo compañero de instituto de Herzog (el Bismuth verdadero ha amenazado, hasta ahora sin hacerlo, con presentar una demanda por usurpación de identidad)

Interceptado el buen canal de comunicación, los investigadores grabaron conversaciones muy comprometidas entre Sarkozy y Herzog sobre sus gestiones con el magistrado Gilbert Azibert, que son las que precipitaron la apertura de una nueva instrucción. Las escuchas hacen sospechar asimismo de la existencia de una red más vasta de informadores de Sarkozy en el mundo de la judicatura y de la policía. Entre ellos estaba aparentemente el patrón de la Dirección Central de Información Interior (DCRI), Patrick Calvar, a quien el expresidente habría intentado sonsacar información sobre el caso Gadafi.

La detención de Sarkozy provocó ayer un seísmo entre la clase política, particularmente en la derecha. Las reacciones en el seno de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) fueron, sin embargo, contrastadas, en un reflejo de las luchas fratricidas que se libran en su seno. Los sarkozystas militantes salieron rápidamente en defensa del expresidente y denunciaron un “encarnizamiento” por parte de la justicia. Sus protestas fueron tan expresivas como los silencios de sus principales rivales en el partido, desde Alain Juppé hasta François Fillon, pasando por Xavier Bertrand. Un diputado popular, Philippe Gosselin, se atrevió a sugerir que acaso la UMP debería “dejar de lado los afectos y actuar en interés del partido”. Soltar lastre, en definitiva. 

Seis amenazas en el camino

Exculpado en octubre del 2013 en el caso Bettencourt –en el que estaba imputado por abuso de debilidad en la persona de la heredera del grupo L’Oréal, la anciana Liliane Bettencourt–, Nicolas Sarkozy se ve amenazado por seis casos judiciales abiertos. El primero en importancia –aunque último en aparecer– es el del presunto tráfico de influencias con un magistrado del Tribunal de Casación. Pero aún tiene otros cinco pendientes: el caso Tapie, sobre un presunto trato de favor a su amigo el empresario Bernard Tapie en su litigio con el Estado por la venta de Adidas; el caso de los sondeos del Elíseo, sobre un supuesto encargo a dedo de estudios de opinión; el caso Bygmalion, de facturas falsas para ocultar haber sobrepasado el gasto permitido en la campaña del 2012; el de la presunta financiación de su campaña del 2007 por el desaparecido líder libio Muamar el Gadafi; y el caso Karachi, sobre el supuesto pago de comisiones ocultas en la venta de submarinos a Pakistán para financiar la campaña de Édouard Balladur en 1995, de la que Sarkozy era el portavoz.