Un joven
argelino instalado en Francia, Alí M., lleva un año en prisión esperando juicio
por terrorismo. Detectado por los servicios de la Dirección General de
Información Interior (DGSI), el joven había intercambiado mails extremadamente
comprometedores con un alto dirigente de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI),
a quien propuso una lista espeluznante de posibles objetivos para cometer atentados
terroristas en Francia: la torre Eiffel, el Museo del Louvre, el festival de
Avignon, centrales nucleares, bares y discotecas de gran concurrencia... Fue
detenido cuando se disponía a viajar al desierto argelino para entrenarse.
Para frenar en lo posible a todos los Alí candidatos a
bregarse en la Yihad mundial y llevarla después al corazón de Europa –como el
autor de la matanza del Museo Judío de Bruselas, Mehdi Nemmouche, un
franco-argelino que combatió en Siria–, el Gobierno francés aprobó ayer un proyecto
de ley que endurece una vez más la legislación antiterrorista. La última
reforma, consecuencia de los atentados de Mohamed Merah en la zona de Toulouse,
databa de diciembre del 2012. Pero a pesar de ser tan reciente, se ha
demostrado ya insuficiente para detener a los “lobos solitarios”. Las nuevas
medidas, algunas de las cuales prometen ser polémicas –por cuanto restringen
las libertades individuales–, pretenden obstaculizar el reclutamiento de
yihadistas.
La medida probablemente más controvertida es la facultad de
prohibir la salida del país –por más que sea de forma temporal y supervisada
por un juez– a todo aquel de quien se sospeche que pretende viajar a algún país
–Siria, Iraq, Afganistán, etc.– para combatir en la Yihad o seguir un
entrenamiento militar. Y eventualmente regresar a Francia con la aviesa
intención de continuar combatiendo contra los 'infieles'.
Se trata, por sus propias características, de una sanción preventiva, puesto
que el posible delito –instaurado como tal en la reforma del 2012– todavía no
ha sido cometido. Lo cual arroja dudas sobre su constitucionalidad. Por otro
lado, su efectividad es asimismo dudosa, puesto que si es fácil controlar los
pasaportes en los aeropuertos, mucho más difícil será en cambio detectar a quienes
aprovechando la libertad de circulación del espacio Schengen viajen en coche
hasta Turquía.
“No será nada discrecional o arbitrario, tendrá que haber un
conjunto de elementos que muestren que una persona está determinada a acudir a
un teatro de operaciones yihadista”, explicó en radio France Info el ministro
del Interior, Bernard Cazeneuve, quien argumentó así la iniciativa
gubernamental: “Todos estos jóvenes que parten, que han frecuentado una
violencia espantosa, con torturas, decapitaciones, crucifixiones, asesinatos en
masa, y que regresan destruidos por esta frecuentación de violencia bárbara
representan una amenaza para nuestro país. Están preparados para cometer actos
de una extrema violencia. Por consiguiente, debemos protegernos”.
Se calcula que unos 700 jóvenes franceses han
combatido,combaten o pretenden combatir en Siria, una cifra que se eleva a
2.000 si se contabilizan todos los yihadistas europeos que se han sumado a la
lucha contra el régimen de Bachar el Assad.
El proyecto de ley introduce asimismo un nuevo delito, la
“empresa terrorista individual”, que penaliza la preparación de atentados por
parte de terroristas aislados –y complementa al de “asociación de malhechores
en relación con una empresa terrorista”–, y refuerza la lucha contra la
propaganda yihadista a través de internet, al autorizar el bloqueo de los
sitios que hagan apología.
Por otro lado, el coordinador europeo de la lucha contra el
terrorismo, Gilles de Kerchove, anunció ayer en Milán la adopción de un plan de
acción común para identificar a los yihadistas europeos por parte de Alemania,
Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y
Suecia.
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