Nicolas Sarkozy
no sale de una que ya entra en otra. Imputado hace menos de una semana por
corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas, el
ex presidente francés vuelve a ser objeto de una nueva investigación judicial.
La fiscalía de París, según se supo ayer, abrió días atrás una información
preliminar por un supuesto delito de abuso de confianza, consistente en hacer
pagar a su partido, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), la penalización
–de varias decenas de miles de euros– que la Comisión Nacional de cuentas de
campaña y financiación política le había impuesto en tanto que candidato al
Elíseo por haber sobrepasado el límite legal en sus gastos electorales en las
presidenciales de 2012.
Lo más notable de este caso, más aún que el fondo mismo del
problema, es la manera en que ha llegado a manos de la justicia. Porque han
sido los comisarios de cuentas de la UMP –y ninguna otra instancia externa al
partido– quienes pusieron esta supuesta irregularidad en conocimiento de la
fiscalía la semana pasada. Y no cualquier día: justamente el martes 1 de julio,
mientras Sarkozy pasaba 15 horas detenido e interrogado en la sede central de
la Policía Judicial por el caso de las escuchas. Si el ex presidente francés
quiere seguir denunciando una conspiración para bloquear su retorno a la
primera línea política, deberá empezar haciéndolo en sus propias filas.
Para más inri, la investigación ha sido encargada a la
Oficina anticorrupción de la Policía Judicial, la misma que lo tuvo arrestado
para interrogarle sobre el supuesto intento de influir en la decisión del
Tribunal de Cuentas sobre el caso Bettencourt.
El origen de los nuevos aprietos judiciales de Sarkozy se
encuentran en la campaña de las pasadas elecciones presidenciales, donde el
otrora líder de la derecha gastó todo lo que tenía y más. Más de lo que tenía y
más de lo que debía. De tal forma que la Comisión Nacional de cuentas, primero,
y el Consejo Constitucional, después, acabó invalidando sus cuentas de campaña.
Ello privó a la UMP de toda financiación pública, obligando al partido a
organizar de forma urgente una campaña de recaudación excepcional entre
militantes y simpatizantes para tapar el enorme agujero que se acababa de
abrir.
El llamado 'Sarkothon' –en alusión a un
programa televisivo, el 'Téléthon', que se emite cada año para obtener
financiación popular para la investigación médica contra algunas enfermedades–
fue un éxito y la UMP recaudó 11 millones de euros. Ahora bien, una parte de
ese dinero sirvió también para pagar la penalización que la citada Comisión de
Cuentas impuso a Sarkozy: 150.000 euros que le habían sido avanzados a cuenta y
363.615 euros –que era la cantidad exacta en que sobrepasó el límite legal,
fijado en 22,5 millones de euros– como sanción.
La dirección de la UMP en aquel momento, que estaba en manos
de Jean-François Copé, no vio ningún problema en enjugar las deudas de su
líder. No es el caso de la actual, en manos del triunvirato formado por los
exprimeros ministros Alain Juppé, François Fillon y Jean-Pierre Raffarin. En
concreto, Fillon –que dirigió el Gobierno durante los cinco años de presidencia
de Sarkozy y salió escaldado de la experiencia– se preguntó públicamente el 30
de junio si el pago de tales obligaciones era o no legal.
Las cuentas de campaña de Sarkozy son asimismo objeto de
otra investigación judicial, después de que se descubriera que la sociedad de
comunicación Bygmalion –próxima a Copé, lo cual precipitó su renuncia– había
presentado facturas falsas a nombre de la UMP para enmascarar de nuevo gastos
electorales indebidos.
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