El Gobierno
francés quiere que los hombres arrimen también el hombro para criar a los
hijos. Con este fin, el proyecto de ley para la Igualdad entre Hombres y
Mujeres –aprobado ayer por el Consejo de Ministros– instaura un periodo de seis
meses adicionales para que el “segundo progenitor” pueda beneficiarse también
de una ayuda pública a cambio de dejar temporalmente el trabajo o reducir su
jornada laboral para cuidar a la prole. En Francia, además de la baja de
maternidad, que es de 16 semanas –durante las cuales se percibe el 100% del
salario–, los padres de niños pequeños pueden acogerse a lo que se denomina el
Complemento de Libre Elección de Actividad, por un plazo máximo de seis meses.
En este caso, el progenitor percibe una ayuda de 330, 436 o 573 euros
mensuales, en función de si su dedicación laboral es parcial –y depende del
grado– o deja totalmente el trabajo.
A priori, este permiso por hijos pueden tomarlo
indistintamente la mujer como el hombre. Sin embargo, la realidad indica que el
96% de los 540.000 beneficiarios en la actualidad son mujeres. Para contrarrestar esta deriva, que penaliza el retorno de
las mujeres a la actividad laboral, e incitar a los hombres a asumir también su
parte de responsabilidad en el asunto, el Gobierno ha decidido otorgar
inicialmente un segundo plazo de seis meses acumulable a condición de que lo
tome el otro progenitor. Se trata, según subrayó ayer la ministra de los
Derechos de la Mujer y portavoz del Gobierno, Najat Vallaud-Belkacem, de una
“medida incitativa”. Menos incitativa y más coercitiva es, sin embargo, la
medida paralela que obligará a partir de ahora a las familias con dos hijos que
quieran acogerse a un permiso laboral de tres años a que una parte de este
tiempo –de nuevo, seis meses– sea asumida por el segundo progenitor.
En este terreno, la nueva ley extiende asimismo a las
profesiones liberales –abogados, médicos, etc.– el derecho a que sus contratos
sean suspendidos, pero en ningún caso rescindidos, en caso de embarazo y
permiso de maternidad y/o paternidad.
Pero la ley no toca únicamente estos aspectos, sino todos
aquellos que de un modo u otro atentan contra la igualdad entre hombres y
mujeres consagrada en las leyes ya en vigor. Así, por ejemplo, el proyecto
prevé prohibir a todas aquellas empresas de más de 50 empleados su
participación en los concursos públicos si no han pactado o abierto
negociaciones con los trabajadores para establecer la igualdad laboral y
salarial entre hombres y mujeres.
Asimismo, y de cara a acudir en socorro de las mujeres
separadas y con pocos recursos, el Estado establecerá a título experimental una
nueva línea de ayudas familiares para garantizar los impagos de las pensiones
alimentarias a las afectadas. Después será el Estado el que actuará –con medios
de cobro “reforzados”– contra los incumplidores. En el capítulo de la paridad
se doblarán las multas contra los partidos políticos que la vulneren.
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