Francia vuelve a topar con los ‘rom’

El problema de la integración de los rom, los gitanos procedentes del Este de Europa –fundamentalmente de Rumanía y de Bulgaria–, vuelve a sacudir la política francesa como en los mejores tiempos de Nicolas Sarkozy. Poco han cambiado las cosas desde que, en el 2010, el entonces presidente francés se hiciera llamar al orden por la Comisión Europea por las expulsiones masivas de roms pese a su condición de ciudadanos europeos. El nuevo inquilino del Elíseo, François Hollande, ha cambiado las maneras –lo que no es poco– pero ha seguido con la política sistemática de desmantalemiento de campamentos ilegales y expulsión de quienes no pueden demostrar medios de subsistencia: 12.800 el año pasado, sobre un total de 36.800 extranjeros en situación irregular devueltos a su país.

La organización Amnistía Internacional denunció el pasado mes de noviembre en un informe el mantenimiento de la política represiva, que el ministro del Interior, Manuel Valls, aplica con firmeza. “La expulsiones siguen produciéndose a un ritmo alarmante”, advertía la organización, que lamentaba que sólo raramente se ofrece a los afectados soluciones para su realojamiento. Paralelamente, el Consejo de Europa advirtió por su parte días atrás que, a pesar de algunas mejoras formales, el problema de la escolarización de los niños gitanos sigue irresuelto, en buena medida a causa de las expulsiones.

La particularidad de estas comunidades, habituadas a desplazarse continuamente y a las que nada impide legalmente el retorno a Francia –sólo deben esperar tres meses–, hace sin embargo que las expulsiones sirvan para poco más que para mantener más o menos estable su población: entre 15.000 y 20.000 personas, según diferentes estimaciones, que estarían distribuidas entre más de 500 campamentos.

La ayudas económicas que se otorgaban para favorecer el regreso al país de origen –de 300 euros por adulto y 100 euros por niño– han sido suprimidas este año, pues tenían un alto coste y no hacían más que agravar el problema, al actuar como un reclamo. Pero su supresión no ha cambiado radicalmente las cosas.

El problema de la proliferación de campamentos rom, y más allá de ellos, también de los gitanos autóctonos –denomindados administrativamente “gentes del viaje”–, se ha exacerbado con la llegada del verano y el desplezamiento masivo de caravanas de nómadas hacia las zonas turísticas de las costas mediterránea y atlántica. En las últimas semanas han proliferado los incidentes y las declaraciones polémicas de algunos responsables políticos.

La ciudad de Niza, en la Costa Azul, ha sido uno de los principales focos de tensión. Ante la ocupación de un terreno municipal de fútbol por un campamento de gitanos, el alcalde de la ciudad, el ex ministro Christian Estrosi (UMP), calificó a los ocupantes de “delincuentes” y les hostigó instalando cámaras de videovigilancia en el campamento. De paso, difundió una guía para uso de los alcaldes que desearan desembarazarse de este tipo de vecinos. Paralelamente, el fundador del Frente Nacional (FN), Jean-Marie Le Pen, aprovechó un desplazamiento a Niza para abordar la cuestión y lanzar algunas de sus palabras venenosas: el ex líder ultraderechista calificó la presencia de los rom en la ciudad de “urticante” y “olorosa”. La organización SOS Racisme ha presentado sendas denuncias contra ambos.

Impotentes para resolver el problema de la implantación de campamentos ilegales en su término municipal –los ayuntamientos sólo pueden actuar en caso de alteración del orden público–, algunos alcaldes han recurrido a decisiones radicales para llamar la atención y reclamar al apoyo de las autoridades. Así, el alcalde de Guérande (Loira-Atlántico), Christophe Priou (UMP), presentó la dimisión y el de Château-d'Olonne (Vendée), Jean-Yves Burnaud (independiente de derecha), cerró el ayuntamiento durante varios días como protesta. La presión –y la tensión– es tanto más aguda cuanto que dentro de pocos meses –en la primavera del 2014– deben celebrarse elecciones municipales y el descontento de los habitantes de las poblaciones afectadas puede tener consecuencias políticas.

La sensación de los ciudadanos es que allí donde se asienta uno de estos campamentos, aumentan los robos. Lo que a veces es verdad, pero no siempre. Aunque la implicación de roms en actos delictivos ha aumentado –del 3% al 5,5% de los robos–, ésta sigue relativamente acotada, según datos del Observatorio Nacional de la Delincuencia y las Respuestas Penales (Ondrp)

En algunos lugares se han producido ya agresiones violentas, como en Hellemmes (Norte), cerca de Lille, donde el pasado mes de junio unos desconocidos lanzaron tres cócteles molotov contra un campamento gitano, afortunadamente sin causar heridos. En septiembre del año pasado, en la Cité des Créneaux, de Marsella, los vecinos prendieron fuego a un campamento rom.

El Gobierno considera que el problema podría gestionarse razonablemente si se aplicara de manera efectiva la ley aprobada en el año 2000, que obligaba a todos los municipios de más de 5.000 habitantes a habilitar zonas de acampada –de “acogida”, en el lenguaje de la ley–, dotadas con agua y electricidad, para albergar los campamentos gitanos de forma civilizada y ordenada.

Ahora bien, trece años después sólo el 52% de estas áreas de acogida y apenas el 29% de las grandes áreas de paso previstas han sido habilitadas. El ministro del Interior, Manuel Valls, apuntó el pasado miércoles la posibilidad de que las prefecturas reciban el poder para obligar a realizar estas obras a cargo de los presupuestos municipales.

La equívoca actuación de Bucarest

A medias palabras, o con palabras enteras, los políticos franceses señalan con un dedo acusador al Gobierno de Rumanía, a quien reprochan no hacer casi nada por la integración de los roms en su propio país a pesar de la ingente ayuda que recibe de la Unión Europea. El primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, viajó a Bucarest el pasado día 12 e invitó con buenas palabras a las autoridades rumanas a dedicar a este asunto los medios necesarios. El ex secretario de Estado Pierre Lellouche (UMP) se fue menos por las ramas y el pasado mes de junio calificó a Rumanía de “Estado delincuente” por esta cuestión. Lellouche reiteró sus palabras por escrito en una carta al embajador rumano.