La salvación de
los altos hornos de Florange, los dos últimos que quedan activos en Lorena, se
ha convertido en Francia en una causa nacional, un símbolo de la resistencia de
la Galia irreductible frente a las legiones de la mundialización. Y para
demostrárselo al invasor, materializado hoy en los rasgos del multimillonario
indio Lakshmi Mittal, el presidente francés, François Hollande, le puso el
martes sobre la mesa la amenaza de la nacionalización de toda la planta
industrial si no retiraba su plan de cierre de los altos hornos o aceptaba la
venta a un tercero de la acería. Tres días después, el viernes por la noche, el
grupo Arcelor Mittal aceptó un acuerdo con el Gobierno para retirar su plan,
anular los 629 despidos previstos y mantener los dos altos hornos en estado de
reanudar la producción de acero cuando las condiciones lo permitan.
Que no se trataba de un conflicto laboral o industrial
cualquiera lo demuestra el hecho de que el primer ministro en persona,
Jean-Marc Ayrault, fuera el encargado de anunciar el acuerdo: “El Gobierno ha
demostrado la capacidad de intervención del Estado”, subrayó el jefe del
Gobierno, satisfecho de poder demostrar –ni que sea por una vez y por un
tiempo– que es posible doblegar a una gran multinacional.
La amenaza de la nacionalización temporal de Florange,
esgrimida en un primer momento por el ministro de Regeneración Industrial,
Arnaud Montebourg –que llegó a exclamar: “No queremos más a Mittal en
Francia”–, provocó incredulidad y no pocas críticas fuera del país. Dentro, la
presidenta de la patronal, Medef, Laurance Parisot, la calificó de medida “pura
y simplemente escandalosa”, un “chantaje” inadmisible para forzar cambios en
las estrategias de las empresas.
Chantaje, elemento de presión... La idea de la
nacionalización –planteada como una medida temporal para salvar la acería y
asegurar su venta a un tercero– siempre fue contemplada por el Gobierno como
una medida de último recurso, con el fin de forzar un arreglo con Arcelor
Mittal. En el propio Ejecutivo había disensiones sobre la oportunidad de
recurrir a una medida tan extrema.
“La nacionalización, es decir, la expropiación por
‘necesidad pública’, puede ser ciertamente necesaria en circunstancias
históricas particulares o para salvaguardar los intereses superiores de la
Nación.Pero no es eficaz frente a un problema de mercados para una empresa o
frente a un problema de competitividad”, admitió Ayrault, uno de los menos
entusiastas con la idea.
El acuerdo entre el Gobierno y Arcelor Mittal salva
momentáneamente los altos hornos de Florange, que quedarán en stand-by a la espera de si el proyecto europeo Ulcos
sobre captación y almacenaje de CO2 (ver información adjunta) sigue adelante.
Pero no permite reanudar la producción de acero, condicionada por la caída de
la demanda en Europa a causa de la crisis. Los 629 trabajadores que iban a ser
despedidos serán reclasificados en el grupo, que emplea a 20.000 personas en el
conjunto del país. Y la empresa invertirá 180 millones de euros en los próximos
cinco años en las actividades de la línea fría.
El grupo ArcelorMittal, que calificó ayer el acuerdo de
“bueno”y “positivo”, no ve alterada su línea estratégica fundamental,
cosistente en privilegiar la producción de productos elaborados, antes que la
producción de acero en bruto. En el 2009, tres años después de hacerse con el
control de Arcelor, Mittal cerró los altos hornos de la planta de Grandange y
despidió a 571 trabajadores.
Los sindicatos, que habían puesto todas sus esperanzas en la
nacionalización, en la que veían la oportunidad de deshacerse de Mittal,
recibieron el acuerdo como un jarro de agua fría. Para el emblemático líder de
la CFDT de Florange, Édouard Martin, tuvo el gusto amargo de la
“traición”.
A la espera de Ulcos
El futuro de los dos altos hornos de Florange, parados pero
no cerrados, pasa en gran medida por el éxito del proyecto europeo Ulcos
(<CF23>Ultra Low Carbon dioxide Steelmaking</CF>), esto es, un
programa para producir acero con bajas emisiones de CO2, que incluye un
proyecto de captación y almacenamiento de este gas. Uno de los dos altos hornos
de Florange debería acoger este proyecto piloto, en el que el Gobierno francés
ha comprometido ya 150 millones de euros, una cantidad que está dispuesto a
ampliar. Pero para llevar adelante el proyecto hacen falta todavía la
aprobación definitiva y la financiación de la Unión Europea.
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