En lugar de
recortar, el Gobierno francés se dispone a ampliar los recursos públicos para
combatir la pobreza y la exclusión, que han avanzado en Francia –como en toda
Europa– a caballo de la crisis. El primer ministro, Jean-Marc Ayrault, avanzó
ayer que el Ejecutivo aprobará el próximo 22 de enero un plan contra la pobreza
al que destinará entre 2.000 y 2.500 millones de euros adicionales de aquí al
año 2017. Con unos presupuestos para el año que viene que no dejan
prácticamente ningún margen, las primeras medidas empezarán a ser efectivas
hacia el final del 2013.
Un 14,1% de la población francesa –esto es, 8,5 millones de
personas– está por debajo del umbral de la pobreza, según datos del 2010
facilitados por el Observatorio Nacional de la Pobreza, una proporción que hace
diez años era del 12,9%. En esta categoría entran todos aquellos ciudadanos que
disponen de una renta inferior a entre 964 euros al mes –en el caso de una
persona sola– y 2.024 euros –en el caso de una pareja con dos hijos menores de
14 años–. En estos dos últimos años, en que la crisis se ha agravado y el paro
ha alcanzado el 10% de la población activa, dicha proproción habrá crecido aún
más.
“Mi Gobierno no acepta ni aceptará nunca ni el cinismo ni la
estigmatización” de los franceses afectados por problemas de pobreza y
exclusión, dijo Ayrault, en una crítica implicita a la derecha que denuncia
–como volvió a hacer ayer el presidente del grupo parlamentario de la UMP,
Christian Jacob– la instauración de un sistema de “asistanato”. El primer
ministro aprovechó la ocasión para censurar también a aquellos que, pese a
tener elevadas resntas, “no aceptan un poco de solidaridad y generosidad”. “Los
que se exilian en el extranjero no son quienes tienen miedo de convertirse en
pobres, sino los que quieren ser aún más ricos”, remachó en alusión al actor
Gérard Depardieu, que acaba de trasladar su residencia a Bélgica, a un puevlo
situad a un kilómetro escaso de la frontera con Francia, para escapar al
aumento de la fiscalidad decidido por el Gobierno socialista. Durante los
próximos dos años, la parte de la renta que supere el millón de euros al año
será gravada con un impuesto especial con un tipo del 75%.
Una de las medidas más costosas de las anunciadas ayer por
Jean-Marc Ayrault es el aumento de la cuantía de la Renta de Solidaridad Activa
(RSA), fijada actualmente en 475 euros, que perciben 1,5 millones de personas.
El Gobierno promete aumentarla un 10% en los próximos cinco años, al margen de
la actualización anual por la inflación, de modo que se acabe situando en el
50% del salario mínimo (fijado actualmente en 1.425,67 euros brutos, alrededor
de 1.120 euros netos). El Ejecutivo lanzará asimismo campañas de promoción para
aumentar en 800.000 el número de beneficiarios, ante la evidencia de que hasta
un 70% de las personas que podrían acogerse a esta ayuda no lo hacen.
La segunda gran medida es la creación –a partir de un
dispositivo similar ya existente– de un contrato de inserción laboral destinado
a los jóvenes sin empleo ni cualificación. A cambio de seguir una formación,
los beneficiarios podrán recibir –durante los periodos de inactividad– una
ayuda mensual equivalente al RSA, al que la mayoría de los jóvenes no tienen en
la práctica acceso. La medida, que se ensayará antes en 10 zonas piloto, podrá
alcanzar al final a unos 100.000 jóvenes.
El plan del Gobierno incluirá asimismo un aumento del techo
de ingresos –en la actualidad, de 7.934 euros al año– por debajo del cual se
tiene derecho a obtener la gratuidad de la sanidad a través del mecanismo de la
CMU (Cobertura de Enfermedad Universal, en su siglas en francés) En cuanto al problema de la vivienda, que afecta a 3,6
millones de franceses –en diveras medidas y condiciones–, Ayrault confirmó el
compromiso del Gobierno de consturir 150.000 viviendas sociales anuales durante
el quinquenato, y añadió que se crearán asimismo 8.000 nuevas plazas de acogida
de urgencia para –a partes iguales– personas sin techo y solicitantes de asilo. Asimismo, se desarrollará la escolarización de los menores
de tres años en los barrios difíciles, donde las plazas de guardería deberán cubrirse al menos el 30% de la población infantil de esas edades.
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