Los responsables
de la estafa de los implantes mamarios defectuosos de la empresa francesa PIP,
que afecta potencialmente a unas 300.000 mujeres en todo el mundo, pagarán su
fraude con la cárcel. Así lo ha decidido el Tribunal Correccional de Marsella,
que condenó al fundador y presidente de PIP (Poly Implant Prothèse),
Jean-Claude Mas, a cuatro años de cárcel firmes y a 75.000 euros de multa
–indemnizaciones aparte–, además de prohibirle ejercer de por vida en el sector
médico o dirigir una empresa. Otros cuatro directivos han sido condenados a
penas de entre 18 meses y tres años de cárcel.
La sentencia se ha ajustado bastante a lo solicitado por la
fiscalía y ha satisfecho a la acusación particular. Sin embargo, su aplicación
no es firme, por cuanto los condenados han anunciado ya su intención de
presentar un recurso de apelación. Y ello tendrá una consecuencia directa sobre
el pago de las indemnizaciones, que quedarán también en suspenso. La sentencia
reconoce el derecho a percibir una indemnización a cerca de 5.000 mujeres de
las 7.113 que se constituyeron en parte civil y que se vieron obligadas a
extirpar los implantes. El tribunal ha establecido como baremo cuantías de
hasta 6.000 euros en el caso de que sólo se reconozcan perjuicios psicológicos
y hasta 13.000 si además se han constatado perjuicios físicos.
En total, las indemnizaciones pueden sumar alrededor de 40
millones de euros, según la fiscalía. El problema es que Jean-Claude Mas –que
se vio obligado a cerrar la empresa y que al inicio del juicio declaró como
únicos ingresos de entre 1.700 y 1.800 euros de pensión de jubilación– se
declarará insolvente. Para sortear este problema, una parte de las víctimas
logró el pasado mes de noviembre la condena de la empresa alemana de control de
calidad TÜV –que sí es solvente– en un procedimiento civil, pero esta sentencia
también ha sido recurrida.
El fallo del Tribunal Correccional de Marsella considera
probado que los directivos de la empresa PIP fabricaron sus implantes con un
gel no autorizado y de fabricación casera, sobre cuya inocuidad no tenían
ninguna garantía, con el único fin de ahorrarse un millón de euros al año. Los
susodichos implantes se revelaron asimismo defectuosos, con un nivel de
rupturas muy alto, del 25%. Según la sentencia, los empleados contribuyeron a
ocultar el fraude, que ni la empresa encargada de controlar el producto –TÜV–
ni las autoridades sanitarias francesas lograron detectar.
En Francia unas 30.000 mujeres llevan estos implantes, que
han sido sustituidos en 17.135 casos. En España, eran 18.500 las mujeres
afectadas, de las que 1.451 se los habían hecho retirar hasta el pasado
verano.
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